martes, 27 de noviembre de 2007

Nada aun en el caso Marín

Puebla, México (27 de noviembre de 2007).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a una decisión dividida sobre si el Gobernador de Puebla, Mario Marín, es responsable de violar garantías de la escritora Lydia Cacho.

Cuatro ministros han afirmado que hay evidencia de que existió una conspiración del Mandatario poblano y otros 29 funcionarios para detener a Cacho por denuncia del empresario Kamel Nacif. Pero otros dos sostuvieron hoy que no se puede dar ningún valor probatorio a la grabación de la plática entre Marín y Nacif, que desató el escándalo, y que tampoco sirven los registros de las llamadas telefónicas entre funcionarios de Puebla, pues no se sabe quién habló o qué dijo, sino sólo que existieron dichas llamadas.

Falta para la sesión del jueves la opinión de cuatro ministros y uno más, Fernando Franco, estará ausente.

Además, tendrá que estudiarse por separado si con independencia de la conspiración, ésta resultó en una violación grave de garantías.

"Mi opinión es que sí hubo concierto de autoridades para perjudicar (a Cacho), para darle un coscorrón, utilizando para esto la Procuraduría y el Poder Judicial", afirmó José de Jesús Gudiño.

José Ramón Cossío, por su parte, consideró que la grabación Marín-Nacif "difícilmente la podemos desechar" porque ninguno la desmintió, y porque Nacif la reconoció en una carta enviada a un diario en septiembre de 2006.

Sobre este punto, la defensa de Marín aclaró que la carta de Nacif no se refería a esa conversación, sino a otras con Emilio Gamboa y Fidel Herrera, que fueron difundidas en esas fechas.Salvador Aguirre, en cambio, criticó duramente a la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza por haber intervenido teléfonos de funcionarios de Puebla y Quintana Roo, y rechazó darle cualquier valor a la plática Marín-Nacif pues fue obtenida ilegalmente.

"Es adivinanza sobre la adivinanza", agregó Aguirre, en referencia a los registros que Telmex y otras empresas aportaron, sobre llamadas entre autoridades poblanas. "La verdad es que el registro de todo el revoltillo de llamadas entre las dependencias del Estado de Puebla no prueba nada", agregó Aguirre, a quien se sumó Mariano Azuela.Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por policías que la trasladaron de Cancún, Quintana Roo, a Puebla, para ejecutar una orden de aprehensión librada en esta entidad.

Semanas después fue difundida una conversación telefónica entre Marín y Nacif, en la que este agradece al Gobernador su apoyo en este caso, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar.Cossío consideró el lunes que los registros de llamadas tienen suficiencia adecuada como para permitirnos establecer un juicio, pero rechazó que la comisión tuviera facultades para intervenir teléfonos del gobierno de Puebla.

Eliminan pederastia

En una votación previa al debate sobre las pruebas del caso, la Corte decidió suprimir un capítulo del informe de la comisión investigadora, que denunciaba la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil.

Por seis votos contra cuatro, la Corte resolvió que la comisión debió limitarse exclusivamente a la posible conspiración de autoridades de Puebla contra Cacho, pero no incluir un estudio general sobre la situación del abuso de menores en el País.

"El artículo 97 (de la Constitución) nos faculta para investigar hechos, no para dar exhortaciones, ni prédicas morales, ni para decirle a las demás autoridades lo que tienen que hacer", afirmó Gudiño.

Cossío había propuesto incluir en el informe un "exhorto" a las autoridades para combatir estos delitos, pues el dictamen del ministro Juan Silva Meza concluye que en México se violan garantías de los menores, pero no menciona a personas específicas como víctimas o responsables de estos abusos.

La mayoría concluyó que desde enero pasado, cuando se acordó el mandato para la comisión investigadora, se dejó claro que solo podría extenderse hacia redes de pederastia directamente relacionadas con la denuncia de Cacho en el libro Los Demonios del Edén.

"¿Qué debió hacer el grupo de comisionados?", cuestionó Aguirre. "Ver si resultaba veraz o comprobable la afirmación que hace la periodista en su libro, respecto a que Jean Succar Kuri cuenta con una red de protección oficial para su adicción a la pederastia". En cambio, agregó el ministro, la comisión recabó datos de Internet y pidió informes a la PGR y cuatro procuradurías estatales sobre la incidencia de estos delitos.

Ante las críticas, Silva Meza defendió apasionadamente su informe, y cuestionó qué va a pasar con las pruebas sobre casos de pederastia que recabó la comisión. El Presidente Guillermo Ortiz le sugirió denunciar cualquier posible delito ante el Ministerio Público, e insistió en que no hay evidencia de que autoridades de Puebla están involucradas en pederastia.

lunes, 26 de noviembre de 2007

Hoy, el gran final del caso Marín - Cacho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya comenzó lo que parece ser el último tramo del caso Marín-Cacho. Hoy se resolverá todo. Por ahora evitemos los comentarios, y solo hagamos un breve recuento de lo que sucedió este lunes en la sesión del máximo tribunal:

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso este lunes declarar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, y a otros 29 funcionarios como responsables de grave violación de garantías contra la escritora Lydia Cacho.Juan Silva Meza, encargado de la segunda comisión de la Corte que ha investigado el caso, propuso a sus colegas aprobar un dictamen en el que se afirma que existió una conspiración encabezada por Marín para perseguir penalmente a Cacho por solicitud del empresario Kamel Nacif, quien se sintió ofendido por el libro "Los Demonios del Edén".

Silva propuso declarar que el Congreso de la Unión es competente para actuar respecto de Marín, sin mencionar qué medidas deben tomarse, pues la Corte no tiene facultades para hacer recomendaciones o sugerencias a otras autoridades.

"La vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios", afirmó Silva, quien tardó 52 minutos en leer un resumen de su dictamen.

Las legislaturas estatales y otras autoridades locales, continuó el ministro, serían responsables de sancionar a los demás funcionarios, que incluyen a los Procuradores de Puebla y Quintana Roo, y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del primer Estado, así como a la juez que ordenó la aprehensión de Cacho en diciembre de 2005.

La Corte seguirá mañana (hoy, martes) con el análisis del dictamen de Silva. Está pendiente la opinión de ocho ministros, o de nueve, si se presenta Fernando Franco que hoy estuvo ausente.

Genaro Góngora, el otro ministro que intervino, fue más allá que Silva e inició su intervención dando lectura a la célebre plática telefónica entre Nacif y Marín en la que el empresario "agradeció" al Gobernador su apoyo para detener a Cacho, con todo y los múltiples insultos que ambos personajes profirieron.

El ministro afirmó después que la prohibición constitucional de intervenir comunicaciones privadas no debe ser aplicable a este tipo de investigaciones de la Corte, por lo que la grabación sí debe tener valor probatorio, algo que ni siquiera Silva propuso."¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar hechos como los que denunció Lydia Cacho, cuando ven que han pasado dos años y los protagonistas siguen impunes?", cuestionó Góngora.

En diciembre de 2005, Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes judiciales que la trasladaron por tierra para cumplir una orden de aprehensión por difamación, librada por una juez de Puebla. Semanas después fue difundida la conversación de Marín con Nacif, lo que motivó la solicitud del Congreso a la Corte para investigar el caso.

La de hoy fue la quinta sesión aislada en la que este tema fue discutido por los ministros, hecho inusual para la forma de trabajo de la Corte, que rara vez tiene que regresar tantas veces al mismo expediente.

El informe de la primera comisión, integrada por los magistrados de circuito Óscar Vázquez y Emma Meza, fue rechazado en septiembre de 2006 porque no tomó en cuenta la grabación Marín-Nacif, ya que es ilegal.

La segunda comisión, encabezada por Silva con los magistrados Enrique Escobar y Eduardo Alvarado, presentó un primer dictamen ante el Pleno en junio pasado. Pero los ministros resolvieron que se debía respetar la garantía de audiencia de todos los involucrados, y además que era necesario establecer normas para este tipo de investigaciones, previstas en la Constitución pero carentes de ley reglamentaria.

Durante septiembre, los funcionarios señalados presentaron alegatos ante la comisión, que en el nuevo dictamen responde a estos argumentos.

Información: www.reforma.com

domingo, 25 de noviembre de 2007

Estos gobiernan en Tlaxcala

Ya se que este blog es para discutir temas sobre Puebla, pero no dejo de indignarme ante lo que ocurre en el estado de Tlaxcala; aquí cerca.

Como es costumbre en México, hace unos meses, al acercarse las elecciones en esa entidad, varios diputados locales decidieron pedir permiso a sus cargos para ir a competir por una alcaldía.

Hoy, 6 de ellos ya aseguraron que protestaran como presidentes municipales el 15 de febrero, y aun así tuvieron la poca vergüenza de regresar a sus cúrules para cobrar sus bonos de fin de año y sus aguinaldos. ¡En verdad un descaro!.

Entre ellos se encuentran los ediles electos de Zacatelco y Santa Ana Chiautempan, que solo trabajarán hasta el 15 de enero, día en que termina la legislatura (bueno, eso de trabajar es un decir ya que se les atraviesan las vacaciones de fin de año).

Ojala y en el país aprendamos a estar más atentos a este tipo de situaciones, que a pesar de ser ocasionadas por lagunas en la ley, son una muestra de la poca ética que tienen muchos de nuestros “políticos”.

Mapa: www..inegi.gob.mx

sábado, 24 de noviembre de 2007

Ya es la hora "papá"

Todo parece indicar que el caso del gobernador Mario Marín Torres, que se encuentra acusado de violar las garantías individuales de la periodista Lidya Cacho, por fin será retomado este lunes 26 de noviembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No queremos hablar de lo que puede pasar legalmente con nuestro mandatario, sino de algo igual de vergonzoso que la calma con que se pasea el ejecutivo poblano.

Hablemos sobre como se comportaran los medios de comunicación locales ante esta noticia; es más, hagamos un ejercicio: en el transcurso de la semana cuantos de ellos mencionaran el caso Lidia Cacho.

Para ello hemos habilitado una bonita encuesta, que nos ayudara a medir que tan informados estaremos sobre el caso, por lo menos los que visitan el blog (la pueden encontrar en el costado derecho de esta bitácora).
Fotografía: www.esmas.com

¿Qué nos importa Zavala?

Estoy cansado de escuchar en las noticias el nombre de Javier López Zavala. En los últimos días este hombre ha acaparado muchos espacios en los medios informativos, toda vez que el PRI y el gobierno del estado parecen estar viendo la forma de integrarlo a la próxima legislatura local.

Para quienes no lo sepan, al PRI le fue tan bien en las elecciones que nunca imagino que el ex funcionario estatal se iba a quedar sin curul.

Pues bien, es sumamente bochornoso para los poblanos que alguien que no fue electo por la gente pueda quitarle su lugar a un diputado que se gano su espacio. Se sabe que hay formas de meterlo a la fuerza.

Parece que en Puebla nos importa muy poco lo que la clase política en el poder hace para mantener la “gobernabilidad”, pasándose la ley por donde se les pega la gana.

Seguramente en los siguientes días tendremos noticias sobre “Zavalita”, quien a estas alturas ya estaría arrancando en forma sus planes para ser gobernador de Puebla en el siguiente sexenio (por cierto Javier López Zavala es oaxaqueño.)

Espero sus comentarios.

Composicíon de la foto: www.e-consulta.com

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